La Justicia electoral de Brasil impuso una multa de 7,5 millones de reales (unos 1,34 millones de dólares) a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, por incumplir órdenes judiciales durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que consideró que la empresa no respondió de manera adecuada a distintos requerimientos vinculados con la distribución de contenidos políticos en sus plataformas.

La causa se inició a partir de una presentación de la coalición que respaldó la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que denunció un supuesto trato desigual entre las campañas de Lula y su adversario, Flávio Bolsonaro.

Entre los cuestionamientos figuraban restricciones en el alcance de publicaciones favorables a Lula, la actividad de cuentas presuntamente falsas, irregularidades en la identificación de contenidos generados con inteligencia artificial y diferencias en el funcionamiento de las herramientas digitales.

Qué determinó la Justicia brasileña

El juez relator del caso, Marco Aurélio Bellizze, señaló que Meta presentó parte de la documentación solicitada, pero incumplió otros requerimientos o respondió de manera parcial y fuera de los plazos establecidos.

También cuestionó la falta de transparencia de los informes, algunos de los cuales fueron entregados en idiomas extranjeros, con datos agrupados o declaraciones generales que dificultaban verificar el cumplimiento de las medidas.

La sanción económica contempla multas acumuladas entre el 17 y el 25 de octubre, período durante el cual se registraron los incumplimientos.

Sin embargo, el tribunal aclaró que no encontró pruebas suficientes para afirmar que la empresa hubiera actuado deliberadamente para favorecer a una candidatura y alterar el resultado electoral. Esa posibilidad requeriría una investigación y pruebas más contundentes.

Meta rechazó las acusaciones

Durante el proceso, la compañía negó haber favorecido a alguno de los candidatos y sostuvo que aplica las mismas reglas a todos los partidos y espacios políticos.

La empresa atribuyó los problemas señalados a cuestiones técnicas y defendió las medidas adoptadas para garantizar un tratamiento igualitario en sus plataformas.

El fallo no cierra la investigación sobre el posible tratamiento desigual de los contenidos políticos. El Tribunal Superior Electoral continuará analizando las denuncias, por lo que todavía no existe una resolución definitiva sobre ese aspecto.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el poder de las grandes plataformas digitales sobre la circulación de información, la formación de la opinión pública y las condiciones de competencia durante los procesos electorales.