La iniciativa, que se encuentra en etapa de diseño entre funcionarios de ambos países, prevé asistencia técnica y un financiamiento de hasta 13,9 millones de dólares por parte del Departamento de Estado estadounidense durante un período de tres años. El objetivo es fortalecer la protección de redes gubernamentales, mejorar la capacidad de respuesta frente a ataques informáticos y reducir la dependencia de proveedores que Washington considera potencialmente vulnerables desde el punto de vista de la seguridad.

Fuentes vinculadas al proyecto señalaron que la primera etapa consistirá en un relevamiento detallado de centros de datos, sistemas y redes de organismos públicos nacionales para identificar equipamiento considerado sensible, establecer prioridades de reemplazo y definir estándares de seguridad para futuras adquisiciones.

El futuro centro de operaciones estaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y concentraría funciones que actualmente se encuentran dispersas en distintos organismos. Entre sus capacidades previstas figuran la supervisión permanente de redes estatales, la centralización de alertas, el análisis de amenazas, la detección de comportamientos anómalos y la coordinación de respuestas frente a incidentes que afecten infraestructura crítica.

El programa también contempla asistencia para adecuar marcos regulatorios, protocolos de intercambio de información y mecanismos de coordinación entre dependencias gubernamentales, además de un amplio esquema de capacitación para especialistas argentinos en ciberdefensa, análisis de amenazas y gestión de incidentes.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para promover en América Latina el uso de proveedores considerados "confiables" en materia de telecomunicaciones e infraestructura digital. Durante los últimos meses, funcionarios estadounidenses intensificaron sus advertencias sobre la utilización de tecnología china en sectores estratégicos y vincularon esa cuestión con la seguridad nacional, la protección de datos y la atracción de inversiones.

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ha sido uno de los principales exponentes de esa postura. En distintos foros empresariales sostuvo que compañías como Huawei operan bajo legislaciones que las obligan a colaborar con los organismos de inteligencia de Beijing y advirtió que la utilización de esas tecnologías puede constituir un factor de riesgo para la protección de información sensible y para el desembarco de inversiones extranjeras en sectores estratégicos.