La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno nacional había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó avanzar con su cumplimiento inmediato. La resolución representa un nuevo revés judicial para la administración de Javier Milei en el conflicto por los recursos destinados a las universidades públicas.

El fallo fue firmado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo lugar a los amparos colectivos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La decisión deja sin efecto la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

En su resolución, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo garantizar el cumplimiento inmediato de la normativa y dictar las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para su aplicación.

Qué establece la ley de financiamiento universitario

La Ley 27.795 contempla medidas para recomponer los recursos de las universidades públicas, actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes y recuperar el valor de las becas estudiantiles. También incluye disposiciones vinculadas con el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de sus actividades académicas.

El conflicto se originó en 2025, cuando el presidente Javier Milei vetó la norma. Tras el rechazo del veto por parte del Congreso, el Ejecutivo promulgó la ley, pero condicionó su ejecución mediante el decreto ahora cuestionado por la Justicia.

Cormick consideró que ese mecanismo permitía suspender la aplicación de una ley ratificada por el Poder Legislativo y sostuvo que el decreto no superaba un estándar mínimo de razonabilidad.

El pronunciamiento se suma a decisiones judiciales anteriores que exigieron al Gobierno cumplir con las disposiciones vinculadas con la recomposición salarial y las becas. En ese marco, el magistrado había intimado al Ejecutivo a acatar una medida cautelar relacionada con esos puntos.

Con esta nueva resolución, la Justicia avanzó sobre el fondo de la controversia y ordenó la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, en medio de los reclamos de las universidades nacionales por el financiamiento del sistema público de educación superior.