El Gobierno provincial dispuso la expulsión de dos integrantes de la Policía provincial luego de una investigación administrativa que determinó su responsabilidad en la realización habitual y clandestina de préstamos de dinero.

La medida quedó establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, y alcanzó a un oficial principal de apellido Carrizo y a un cabo de apellido Loyola.

De acuerdo con las conclusiones del sumario administrativo, ambos efectivos desarrollaban una actividad lucrativa vinculada al otorgamiento de préstamos y utilizaban distintos mecanismos para garantizar el recupero del dinero y los intereses exigidos.

Entre las prácticas señaladas en la investigación se encuentra la retención de tarjetas de débito bancarias de distintas personas, junto con el manejo de las claves de acceso a cajeros automáticos.

Además, según el expediente administrativo, los efectivos hacían firmar pagarés sin montos determinados o con datos incompletos, que eran utilizados como respaldo de los préstamos otorgados.

Consideraron incompatible la actividad con la función policial

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, las autoridades consideraron que el desarrollo habitual de esta actividad comercial resultaba incompatible con el estado policial.

El decreto también señala como agravantes las modalidades utilizadas para garantizar el cobro de los préstamos y la exigencia de intereses excesivos o de carácter usurario, según lo establecido en las actuaciones administrativas.

La resolución remarca además que la conducta adquiere especial gravedad por tratarse de integrantes de la fuerza de seguridad, cuya función incluye la protección de la ciudadanía y la prevención de situaciones en las que puedan producirse abusos o aprovechamiento de personas en situación de necesidad.

Con la decisión, el Gobierno provincial dispuso la separación definitiva de ambos efectivos de la Policía de La Rioja, como consecuencia del procedimiento administrativo iniciado para determinar las responsabilidades correspondientes.