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30 de septiembre de 2026

Financiamiento universitario: la Justicia volvió a intimar al Gobierno y le dio cinco días

El juez federal Martín Cormick rechazó el planteo del Poder Ejecutivo y ratificó la medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles. Si no cumple, el Estado podría afrontar sanciones económicas.

La Justicia volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El juez federal Martín Cormick estableció un nuevo plazo de cinco días para que el Estado avance con las obligaciones establecidas en la resolución judicial.

La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, luego de que el Gobierno presentara un planteo para cuestionar la intimación anterior y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones dispuestas.

Sin embargo, el magistrado consideró que la documentación presentada no acreditaba el cumplimiento total de la medida cautelar y volvió a exigir que se apliquen los parámetros establecidos por la normativa.

¿Qué ordenó la Justicia?

La medida cautelar alcanza principalmente dos aspectos de la Ley 27.795.

Por un lado, establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas. Por otro, contempla la recomposición de los programas de becas estudiantiles incluidos en la normativa.

En relación con los salarios, el Gobierno informó ante la Justicia que había convocado a negociaciones paritarias y realizado órdenes de pago. No obstante, Cormick señaló que no quedó acreditado que los aumentos hubieran sido calculados de acuerdo con las variables de actualización previstas por la ley.

En cuanto a las becas, el tribunal cuestionó que la información presentada por el Estado se concentrara en la Beca Manuel Belgrano, mientras que la ley contempla también otros programas de asistencia estudiantil.

Cinco días y posibles sanciones

El nuevo plazo otorgado al Gobierno es de cinco días. La resolución establece que, si persiste el incumplimiento, podrán aplicarse astreintes, es decir, sanciones económicas por cada período de demora.

La cautelar que dio origen al reclamo se encuentra firme luego de haber sido confirmada en instancias judiciales superiores. La medida había sido promovida en el marco de una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros actores del sistema universitario.

El conflicto continúa en las universidades

La nueva resolución judicial se conoció mientras docentes y no docentes de universidades públicas realizan un paro de 72 horas, iniciado este miércoles 30 de septiembre, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

De esta manera, el conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo judicial, mientras continúa el reclamo de las universidades y sus trabajadores por la actualización de salarios y becas contemplada en la Ley 27.795.

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