El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y establece nuevos criterios para los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra. La propuesta contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que los senadores del peronismo votaron en contra.

El objetivo planteado por el Gobierno es facilitar la incorporación al circuito financiero formal de ahorros que permanecen fuera del sistema, especialmente dólares no declarados, y reducir determinadas obligaciones y controles para los contribuyentes que ingresen al régimen simplificado.

Uno de los principales cambios está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La nueva normativa elimina los actuales topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al esquema.

También modifica el criterio para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado por un contribuyente y la información que posee ARCA. La norma establece que será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado.

Otro punto incorporado durante el tratamiento legislativo establece que funcionarios públicos y personas que hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores no podrán acceder a los beneficios del régimen simplificado.

La norma también fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal”.

Durante la sesión, el oficialismo defendió la reforma bajo el argumento de que busca generar mayor confianza y simplificar el vínculo entre los contribuyentes y el Estado.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la reducción de determinados controles y se vinculó la iniciativa con un esquema de regularización de capitales. El senador José Mayans, presidente del bloque peronista, manifestó su rechazo al proyecto durante el debate.

Con la sanción del Senado, el proyecto quedó convertido en ley y se suma al paquete de reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional durante 2026.