Molina, acompañado por sus funcionarios y el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, expresó que "desde la provincia se tuvieron que tomar medidas como las que tomó el gobernador Quintela para evitar los embargos a los trabajadores de la administración pública provincia, por acciones que no las tomó el gobierno riojano sino que se originó por la derogación de las 2700 leyes cuando comenzaba este gobierno nacional y parte del congreso acompañó esa derogación, que entre otras cosas desregulaba actividades comerciales, financieras como las causales de este problema".

"El país está desregulado y en virtud de esa desregulación tenemos este problema de la usura" sentenció, añadiendo que "institucionalizada o no, en la provincia de La Rioja, esa causa de ahogo de nuestras familias lejos está de ser por comprar televisores, aunque están en su derecho, sino que es motivo de haber recurrido a la usura por necesidades alimentarias o de salud, o necesidades básicas impostergables".

Asimismo, dijo que "recordemos que el gobernador Quintela dictó el decreto 1293/2026, que luego se refrendó con la Ley Provincial 10.901, donde frena toda acción de embargo por 180 días y punto", para agregar que "le pedimos a la justicia que nos ayude a ver caso por caso, pero siempre en favor de nuestros trabajadores proponiendo la manera de resolver este problema, luego del plazo establecido por la ley".

En tanto la asesora municipal, Gabriela Nieto, explicó que "por expreso pedido del intendente, hemos tomado cada uno de los casos del personal municipal detectando que trabajadores que solicitaron 300 mil pesos, tienen que devolver más de un millón de pesos. Hay casos realmente que muestran que el nivel de endeudamiento es muy complejo por eso estamos brindando asesoramiento para lograr que cada familia municipal, pueda resolver su caso particular".

"La usura es un delito, por eso estamos analizando caso por caso, y en virtud de la Ley 10.901, a partir del 1° de octubre a ningún empleado municipal se le va a retener parte de su sueldo por embargos", explicó la letrada, quien también aclaró que "durante esos 180 días que se frenan los embargos, vamos a trabajar con el equipo de la Asesoría Municipal para buscar la manera de alcanzar acuerdos justos que esté acorde a la capacidad de pago de cada trabajador o trabajadora municipal".

Finalmente, resaltó que "la gente quiere honrar su deuda, ninguna de las personas que vino a vernos elude pagar sus obligaciones, solamente estamos buscando la manera de negociar las mejores condiciones de modo que quienes hayan prestado pueda cobrar sus acreencias y quienes han tomado esos créditos también resuelvan el problema, pero siempre en las condiciones que aconseja la ley".