Como resultado del procedimiento se detuvo a 3 ciudadanos colombianos y 1 argentina, se secuestró mas de 30.000.000 de pesos, vehículos, una importante cantidad de bienes muebles, 2 armas de fuego, documentos pagarés firmados en blanco por distintas personas, y demás elementos de interés para la investigación.

Los denunciantes manifestaron ser víctimas de Usura por parte de estos prestamistas que les exigían el pago de intereses abusivos, retenían bienes de su propiedad de distinta naturaleza, y en caso de retraso en el pago de esas deudas de origen ilegal, eran amenazados en su integridad física y sus bienes.

Desde el Gobierno Provincial se continúan articulando los mecanismos legales pertinentes para impulsar el trámite de Deportación ante las autoridades competentes para que los extranjeros que se encuentren delinquiendo sean expulsados del país y devueltos a su lugar de origen.

Piden denunciar el delito de usura

El Gobierno de La Rioja recuerda a la comunidad que la usura constituye un delito y que las personas afectadas por préstamos clandestinos, intereses desproporcionados, amenazas, extorsiones o retención de documentación pueden efectuar la correspondiente denuncia para permitir la intervención de las autoridades.

Estas acciones responden a la decisión política del gobernador Ricardo Quintela de proteger a las familias riojanas frente a quienes se aprovechan de situaciones de necesidad económica. “Atravesamos una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta del Estado provincial”, sostuvo el mandatario al anunciar la creación del Régimen Provincial de Protección Integral de Usuarios de Créditos para Consumo.

Quintela también advirtió sobre la gravedad que pueden alcanzar los mecanismos de cobro empleados por prestamistas ilegales y sostuvo que “no vamos a permitir que la necesidad de nuestra gente sea utilizada para imponer condiciones abusivas o apropiarse de sus bienes. El Estado debe estar presente para proteger a las víctimas y actuar con firmeza contra quienes cometen estos delitos”.

En ese marco, el Gobierno provincial profundizó los controles y las investigaciones sobre prestamistas informales y entidades que aplican condiciones abusivas.

Las denuncias por posibles delitos pueden radicarse ante la División Delitos Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia, o directamente ante el Ministerio Público Fiscal. También pueden presentarse en la comisaría más cercana al domicilio de la persona afectada, desde donde serán remitidas al área especializada correspondiente.

Las autoridades provinciales recomiendan conservar y aportar toda la evidencia disponible, como comprobantes de transferencias o pagos, conversaciones de WhatsApp, mensajes, audios, contratos, pagarés, datos del prestamista, registros de amenazas y constancias relacionadas con la retención de documentos, tarjetas, vehículos u otros bienes.

Defensa del consumidor

En los casos que involucren a empresas, financieras, plataformas crediticias o prestamistas comprendidos en el régimen provincial de protección de usuarios de créditos para consumo, también se podrá efectuar una denuncia administrativa ante Defensa del Consumidor. Las presentaciones se reciben de manera presencial, mientras que las consultas pueden realizarse al teléfono 0380 4453071 o mediante el correo electrónico [email protected].

Desde el Gobierno provincial se aclaró que las instancias administrativas y penales cumplen funciones diferentes y complementarias. Defensa del Consumidor interviene frente a incumplimientos contractuales y prácticas abusivas dentro de una relación de consumo, mientras que la División Delitos Económicos y el Ministerio Público Fiscal actúan ante la posible comisión de delitos como usura, estafa, amenazas, extorsión o retención ilegítima de documentación.

La Provincia reiteró la importancia de denunciar estos hechos para proteger a las víctimas, identificar a quienes operan por fuera del sistema legal y evitar que otras personas sean sometidas a intereses desproporcionados, condiciones engañosas o mecanismos intimidatorios de cobro.