Aquella decisión original del organismo previsional se había fundamentado en la ratificación de la condena penal dictada contra la exjefa de Estado dentro de la causa conocida como Vialidad, lo cual derivó en una demanda judicial por parte de la exmandataria para obtener la restauración del beneficio económico mientras el fuero discute el expediente principal.

Frente al requerimiento oficial de información pública interpuesto por este medio, la entidad estatal ratificó que “se procedió rehabilitando el beneficio número 47-6-8085213-0 con mensual 08/2026 por un monto bruto de $16.090.877,01 e ingresando los descuentos legales vigentes”, agregando que tales conceptos para obra social e impuesto a las ganancias “se procesan automáticamente con la liquidación mensual”, informó el diario La Nación.

La asignación desembolsada corresponde a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner y ubica su cifra neta en torno a los $12 millones, habida cuenta de que la administración aplicó una quita del 20% en el haber mensual en función de la resolución 343 del año 2025 para concretar “un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente”.

Asimismo, el organismo declinó liquidar el ítem por zona austral que la exfuncionaria percibía por su domicilio declarado en Santa Cruz y aclaró que la actualización del haber obedecerá a “una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo”.

La medida cautelar concedida por la alzada de la Seguridad Social revirtió un fallo adverso de primera instancia firmado por la jueza Karina Alonso Candis, fundamentando la decisión en motivos alimentarios y sin abordar la pena a seis años de prisión dictada contra la beneficiaria, situación que según un dictamen del procurador Eduardo Casal debería suspender el cobro de fondos previsionales.

Ante el rechazo de la propia Cámara para elevar el tema mediante recurso extraordinario, la Anses y el Ministerio Público Fiscal recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia para revocar la cautelar.

La erogación final se destrabó en julio luego de que la Justicia aceptara una caución juratoria presentada por la expresidenta, mientras el Estado procura recuperar acreencias por $660.052.338,87 correspondientes al período previo y se mantiene abierto otro expediente judicial iniciado por la exdiputada Graciela Ocaña sobre la incompatibilidad del cobro simultáneo de dos haberes encuadrados en la Ley 24.018.