Las universidades públicas de todo el país volverán a paralizar sus actividades el próximo miércoles 12 de agosto, a raíz de un nuevo paro nacional universitario convocado por los gremios docentes y no docentes.

La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas y será sin concurrencia a los lugares de trabajo, por lo que durante esa jornada no habrá clases ni actividad habitual en las universidades que adhieran a la protesta. La convocatoria fue confirmada por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), integrantes del Frente Sindical Universitario.

El reclamo se centra principalmente en la situación salarial de los trabajadores universitarios y en el financiamiento de las casas de altos estudios, en un conflicto que se viene profundizando desde marzo.

La convocatoria comenzó con los gremios de la Universidad de Buenos Aires y posteriormente se extendió a distintas universidades del país. Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentran la Asociación Docente de la UBA (Aduba), la Asociación del Personal de la UBA (Apuba), gremios vinculados al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT).

La medida alcanza tanto al personal docente como a los trabajadores no docentes, por lo que el impacto se extenderá a las actividades académicas y administrativas de las universidades que adhieran.

Un nuevo capítulo del conflicto universitario

El paro del 12 de agosto se suma a una serie de medidas de fuerza impulsadas por el sector universitario para reclamar una recomposición salarial y el cumplimiento de los compromisos de financiamiento para las universidades públicas.

Los gremios sostienen que la situación presupuestaria y salarial continúa deteriorando las condiciones de trabajo y afecta el normal funcionamiento del sistema universitario.

De esta manera, el miércoles 12 será una nueva jornada de protesta en las universidades públicas argentinas, mientras el sector reclama respuestas al Gobierno nacional y advierte sobre la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener la educación superior.