La fricción diplomática escaló en las últimas horas cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España acusó al Ejecutivo italiano de lanzar un "ataque a la dignidad de los españoles" y actuar de forma "discriminatoria" dentro de la Unión Europea.

A su vez, el ministro español, José Manuel Albares, remarcó que "no hay ningún motivo para mantener estas restricciones, dado que la situación en el enclave norteafricano se encuentra canalizada y reconducida y ninguno de los recién llegados logró cruzar hacia el territorio peninsular ni al resto del espacio comunitario".

La controversia internacional se desencadenó a fines de julio a raíz del cruce masivo de miles de personas hacia Ceuta, evento que motivó al ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, a disponer la suspensión temporal de los acuerdos de Schengen con España argumentando motivos de seguridad y control del flujo migratorio.

Desde el Gobierno de Giorgia Meloni rechazaron el ultimátum planteado por Madrid y ratificaron que mantendrán las inspecciones en sus puertos y aeropuertos por lo menos hasta mediados de mes, o bien "hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad".

En contraposición, las autoridades en España respondieron que no tolerarán medidas unilaterales que afecten a sus ciudadanos y activaron de inmediato los procedimientos de reciprocidad.

Estos controles aleatorios se mantendrán hasta el 7 de septiembre, a menos que un cambio en las circunstancias que motivaron su adopción permita modificar el plazo. Las inspecciones se centran en verificar la identidad, la nacionalidad y, en caso de tratarse de ciudadanos de terceros países, la validez del visado o del permiso de residencia correspondiente.

En el aeropuerto de Barcelona, algunos pasajeros italianos de vuelos procedentes de ciudades como Bolonia y Roma indicaron que, tras aterrizar y antes de poder abandonar el aeropuerto, la policía les pidió sus documentos, un trámite que solventaron sin mayores dificultades, afirmó EFE.

Fuentes policiales desplegadas en la infraestructura aeroportuaria barcelonesa señalaron que la directiva se aplica de forma selectiva sobre aquellos vuelos o personas consideradas bajo sospecha, mientras que los viajeros afectados han sido derivados de forma ordenada a salas específicas para realizar la comprobación de su documentación antes de ingresar formalmente al país.