En el mismo se advierte sobre las diferencias marcadas y existentes entre las Defensorías del Pueblo de las distintas provincias argentinas y se señala la falta de vacancias institucionales, acceso digital y las disparidades en los niveles de financiamiento. En este sentido, se da a conocer que tres distritos concentran el 91% de los recursos.

Al respecto, la directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, señaló que sin recursos no hay defensa posible de los derechos y fue contundente al decir afirmar que: “si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto”.

El relevamiento abarca 25 jurisdicciones: las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el trabajo realizado, en las provincias de Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa la figura de Defensor del Pueblo no existe. En Tierra del Fuego, en tanto, la vigencia institucional aparece como incierta.

A nivel nacional, el Congreso hace 17 años que no logra designar al Defensor del Pueblo de la Nación. Además, da cuenta de que en la actualidad hay siete provincias sin partida presupuestaria y seis sin defensoría; no cuentan con financiamiento identificable para la función defensorial, dejando a más de 12 millones de argentinos sin acceso garantizado a este mecanismo de control ciudadano.

El estudio también señala que solo CABA, Santa Fe y Buenos Aires concentran cerca del 91% de los recursos subnacionales destinados a defensorías del pueblo. Para 2026, la inversión presupuestaria desde Nación en la Defensoría del Pueblo arroja una asignación de $330 por ciudadano, monto ampliamente superado por las restantes provincias. En cuanto a la paridad, ninguna norma de creación de las defensorías de todo el país contempla explícitamente el cupo de género en el nombramiento de sus autoridades.

Sobre el bajo financiamiento nacional y la necesidad de más presupuesto, la directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, precisó que “la Defensoría del Pueblo de la Nación invierte el monto más bajo de todo el país. Incluso provincias como Chaco y Córdoba, con presupuestos acotados, destinan 50% más por ciudadano que Nación. Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto: sin recursos no hay defensa posible de los derechos”.

¿Qué es y qué rol cumple la Defensoría del Pueblo?

Las Defensorías del Pueblo son instituciones fundamentales para garantizar derechos humanos y su presencia territorial descentralizada en cada provincia busca responder a las demandas ciudadanas ante la vulneración de sus derechos.

Este organismo es uno de los engranajes institucionales que regula el desempeño de los funcionarios públicos en relación a la ciudadanía y equilibra el ejercicio del poder político y económico en el país.

Esta figura de enorme importancia fortalece el vínculo de la población con el Estado en todos sus niveles. Por eso, al momento de pensar los problemas que afectan a la democracia argentina, el rol del Defensor del Pueblo tiene que formar parte de cualquier debate serio sobre cómo desarrollar un modelo de crecimiento igualitario y justo.

El defensor del pueblo cumple el rol de defensa de los intereses colectivos, garantiza el efectivo ejercicio de derechos ciudadanos, de usuario y consumidor, protege a las personas de la acción u omisión de la administración pública y de las irregularidades en el sector privado.

Algunas de las muchas funciones que realiza están generar campañas para la promoción de derechos, recibir quejas y reclamos de la población ante violaciones de derechos humanos, realizar evaluaciones de políticas públicas y representar colectivamente las causas judiciales reclamadas por la ciudadanía.

Además, puede asesorar a la población en temas diversos que van desde el acceso a la vivienda, regulación del alquiler, evitar abusos por parte del mercado inmobiliario; intervenir en los procesos de fijación de tarifas de los servicios básicos como son salud, educación, acceso a la electricidad, agua, gas y telefonía; atender conflictos de carácter civil y comercial; garantizar la plena vigencia de los derechos electorales; apoyar la actividad de las organizaciones civiles, entre otros muchos.