La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó las recusaciones presentadas por el Estado nacional contra los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento universitario y confirmó la continuidad de los magistrados a cargo del expediente. La resolución fue firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El caso analiza la validez del Decreto 759/2025 y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que contempla partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial docente. La demanda fue impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas casas de estudio del país.

Durante el proceso, el Estado nacional solicitó apartar al juez de primera instancia Enrique Cormick y al camarista Sergio Fernández al considerar que sus actividades docentes en universidades públicas comprometían su imparcialidad. Sin embargo, tanto la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal como la Corte Suprema concluyeron que esa circunstancia, por sí sola, no constituye una causal válida de recusación.

En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que la condición de docente universitario no permite inferir automáticamente un interés personal en el resultado del litigio y remarcó que no se acreditó la existencia de beneficios o perjuicios concretos que pudieran afectar la objetividad de los magistrados.

Además, la Corte rechazó el pedido del Gobierno para que los propios integrantes del tribunal se excusaran de intervenir en el expediente. Los jueces señalaron que la facultad de excusación corresponde exclusivamente a los magistrados y no puede ser exigida por las partes del proceso.

La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa judicial entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras continúan las negociaciones entre las autoridades nacionales y los rectores para alcanzar un acuerdo sobre los fondos destinados al sistema universitario, el expediente seguirá su curso en la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el fondo de la controversia.