La decisión fue asumida durante el denominado "Gran Cabildo por una Bolivia Libre y Soberana", convocado por organizaciones vecinales de La Paz y El Alto, epicentro del conflicto, que congregó a dirigentes campesinos, sindicales, líderes barriales y sectores movilizados en uno de los principales bastiones de la protesta contra el Gobierno.

La resolución representa un nuevo revés para los intentos del Ejecutivo de abrir canales de negociación en un conflicto que ha paralizado gran parte del país y ha provocado una creciente escasez de combustibles, alimentos y medicamentos en varias regiones. Los asistentes aprobaron una serie de resoluciones que incluyen la declaración de un estado de emergencia movilizado permanente, el fortalecimiento de las medidas de presión y el rechazo expreso a participar en cualquier convocatoria de diálogo promovida por el Gobierno.

La principal demanda del encuentro fue la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, a quien los sectores movilizados responsabilizan por la crisis económica y social que atraviesa Bolivia. La decisión adoptada en "El Alto" endurece aún más las posiciones en una crisis que ya supera el mes de duración y que ha comenzado a generar preocupación dentro y fuera del país.

Organismos internacionales han advertido sobre el impacto humanitario de los bloqueos, mientras sectores empresariales alertan sobre pérdidas económicas millonarias y daños que podrían tardar meses en revertirse.

Según reportes oficiales de la estatal Administradora Boliviana de Caminos (ABC), los cortes de carreteras mantienen interrumpidas importantes rutas interdepartamentales en un centenar de puntos y dificultan el transporte de alimentos, combustibles y suministros médicos con grandes pérdidas económicas.