A días de la Marcha Federal Universitaria, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo un encuentro con rectores de universidades nacionales para analizar el impacto del ajuste en el sistema educativo y confirmar su participación en la movilización prevista para el 12 de mayo.

En un contexto de creciente tensión, el mandatario volvió a cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei y denunció un “ataque deliberado” contra la educación pública. Según planteó, los recortes presupuestarios, la caída del salario docente y la falta de actualización de partidas están llevando a las casas de estudio a una situación crítica.

El encuentro también dejó señales políticas de cara al futuro, con un Kicillof que consolida vínculos con el ámbito universitario y el peronismo, en la antesala de un escenario electoral que empieza a proyectarse hacia 2027. En esa línea, confirmó que el PJ bonaerense acompañará la convocatoria a la marcha.

El conflicto se profundizó tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial. Desde el sector académico sostienen que su incumplimiento agrava el deterioro estructural del sistema.

De acuerdo con datos difundidos en el ámbito universitario, el ajuste alcanza el 45% del presupuesto, lo que obliga a muchas instituciones a sostener su funcionamiento con recursos insuficientes. Además, se registran demoras en partidas clave para investigación y becas, mientras que la falta de convocatoria a paritarias agrava la situación salarial docente.

Un informe del Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario advierte que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 los docentes perdieron el equivalente a 11,4 sueldos actuales debido a la inflación. En ese período, el salario real cayó un 36%, alcanzando uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Desde las universidades alertan que la crisis ya no es solo presupuestaria, sino también institucional. Con edificios, programas y planteles sostenidos al límite, el reclamo apunta a una respuesta urgente del Gobierno nacional que garantice el funcionamiento del sistema público de educación superior.