Los riojanos presentaron un proyecto de ley que busca un alivio urgente para los bolsillos: una tarifa eléctrica diferenciada para las 10 provincias de la región.

La iniciativa no es solo un reclamo administrativo, sino un justo reclamo contra los incrementos que, según denunciaron los legisladores, ya alcanzan el 600% desde el inicio de la actual gestión nacional. El objetivo es compensar la "electrodependencia" de una zona donde el uso de refrigeración no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia. La senadora López fue contundente al apuntar contra el impacto social de los tarifazos. "Las familias, las pymes y los trabajadores del norte están en una situación límite", afirmó. Además, disparó directamente contra el Poder Ejecutivo al señalar que se ha mentido sobre el alcance de los ajustes.

"Tenemos temperaturas de 45 grados. No es posible que paguemos el mismo costo, o incluso más, que en Buenos Aires. Es un acto de justicia federal", reclamó la legisladora.

Por su parte, el chileciteño aclaró que los incrementos no responden a decisiones locales, sino a políticas centralizadas. Remarcó que el precio de la energía es fijado por la Secretaría de Energía de la Nación, lo que limita el margen de acción de las provincias y las empresas distribuidoras.

Además del sector residencial, los senadores anticiparon que trabajan en ampliar el alcance de la iniciativa hacia actividades comerciales y productivas. También impulsan un segundo proyecto vinculado al uso de fondos nacionales para finalizar obras energéticas en las provincias, clave para reducir costos de generación.

La propuesta se enmarca en una agenda más amplia que busca mitigar el impacto de las medidas nacionales, como el DNU 70 y la Ley Bases, que —según sostienen— profundizaron la liberalización de precios en el sector energético y agravaron la situación de los usuarios del interior.