El caso de Ángel Nicolás López, que conmociona a Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas tras la presentación de una ampliación de denuncia que solicita la detención inmediata de su madre, Mariela Beatriz Altamirano, y su padrastro, Maicol González, acusados de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

La presentación fue realizada por el abogado Roberto Castillo en representación del padre del menor, Luis Armando López. En el documento, la querella sostiene que la muerte del niño no fue accidental, sino el desenlace de una serie de conductas violentas y omisiones que se habrían extendido durante meses.

Uno de los elementos centrales es el informe preliminar de la autopsia, que reveló lesiones traumáticas en la zona craneal incompatibles con una muerte natural, lo que refuerza la hipótesis de violencia física. A esto se suman testimonios de vecinos que aseguran haber escuchado gritos y presenciado situaciones de maltrato.

La denuncia también apunta contra funcionarios judiciales y de organismos de protección, al señalar una presunta “cadena de omisiones” que habría dejado al niño en una situación de vulnerabilidad extrema. En ese sentido, se menciona el rol del juez de familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la profesional Jennifer Leiva.

Según la querella, el sistema ya había advertido previamente sobre los riesgos en el entorno familiar, rechazando en varias oportunidades la restitución del menor. Sin embargo, no se habrían adoptado medidas de protección suficientes, incluso después de que el propio niño manifestara su deseo de permanecer con su madre de crianza, Lorena Andrade.

El planteo establece además un paralelismo con la Ley Lucio, al considerar que se habrían incumplido los mecanismos de prevención y detección temprana de situaciones de violencia infantil.

En paralelo, la querella advirtió sobre riesgos procesales concretos, como un posible intento de fuga y la presunta quema de pruebas el día del hecho, lo que refuerza el pedido de detención urgente.

Mientras la comunidad sigue conmocionada, la justicia deberá resolver en las próximas horas si avanza con las imputaciones y detenciones solicitadas, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los sistemas de protección de la infancia en Argentina.