La acusación incluía delitos como intimidación pública, apología del delito, sedición y atentado contra el orden constitucional, a partir de declaraciones realizadas en espacios políticos y mediáticos. No obstante, la resolución judicial determinó que dichas expresiones deben interpretarse dentro de un contexto de debate político y social, descartando la existencia de conductas penales.

El fallo, dictado el 27 de marzo de 2026, se apoyó en el dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo, quien concluyó que no había elementos suficientes para configurar delito alguno en las manifestaciones analizadas.

De esta manera, la decisión judicial puso fin a la causa y reforzó el criterio de que las opiniones vertidas en el marco del debate público deben ser evaluadas bajo los principios de la libertad de expresión.

Tras conocerse la resolución, desde el entorno del mandatario provincial señalaron que la denuncia implicó un uso indebido de las herramientas judiciales con fines políticos, y reafirmaron su postura en defensa del debate democrático como eje central de la vida institucional.