Los dirigentes territoriales Arnold Díaz y Valeria Quintero en conferencia de prensa anunciaron que la medida implicará una retracción de aproximadamente 1.000 millones de pesos mensuales en la circulación local.

Los integrantes de la mesa promotora local, confirmaron que los beneficiarios percibirán en abril el último pago de 78.000 pesos correspondiente a marzo. “Ya en mayo dejarían de percibir este ingreso”, aseguró Díaz, quien además descartó la implementación de un sistema alternativo de vouchers: “No hay señales de que eso garantice continuidad”.

Según estimaciones de la organización, la medida afectará a unos 12.000 riojanos y provocará la salida de aproximadamente 1.000 millones de pesos mensuales del circuito económico local, con impacto directo en el consumo y en la actividad de comercios barriales.

“Va a haber personas que no van a poder pagar la luz, ni acceder a alimentos básicos”, advirtieron, al tiempo que señalaron que el recorte podría profundizar la crisis social en los sectores más vulnerables. En ese marco, también cuestionaron con dureza la política del Gobierno nacional, al considerar que el ajuste recae sobre quienes menos tienen.

Las críticas se extendieron a legisladores nacionales, en particular a representantes de La Libertad Avanza, a quienes acusaron de no defender los intereses de la provincia. En ese sentido, Quinteros planteó que los salarios legislativos podrían destinarse a asistir a trabajadores afectados por el recorte.

Frente a este escenario, la UTEP anunció el inicio de un plan de lucha que comenzará este 7 de abril con asambleas en todo el país. En La Rioja, las medidas incluirán ollas populares y movilizaciones para visibilizar la situación de quienes se desempeñan en comedores, merenderos, escuelas y unidades productivas.

“Son trabajadores que cumplen tareas esenciales en sus comunidades. Sin estos ingresos, la situación en los barrios se va a agravar”, concluyeron.