La Justicia avanzó en una causa que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, quien quedó formalmente imputado tras una decisión judicial que dio curso al planteo del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación se centra en presuntas inconsistencias detectadas en su declaración jurada patrimonial.

Según se informó, el fiscal solicitó un paquete de 12 medidas de prueba con el objetivo de profundizar el análisis sobre la evolución de los bienes del funcionario y determinar si existen irregularidades. Entre los puntos clave, se busca esclarecer la situación de una propiedad que Adorni comparte con su esposa en un country de Exaltación de la Cruz, incluyendo la titularidad del inmueble, el pago de expensas y las condiciones en las que se realizó su construcción.

Asimismo, la fiscalía requirió informes a distintos organismos oficiales. Entre ellos, registros de la propiedad automotor y de buques, así como también a la Oficina Anticorrupción, a la que se le solicitó el envío de todas las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario.

La imputación marca el inicio formal de la investigación penal y habilita una serie de medidas orientadas a determinar si existió algún tipo de inconsistencia o irregularidad en la información presentada por el vocero en su carácter de funcionario público.