Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y convocaron a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa.

Los mandatarios señalaron que la legislación laboral argentina requiere actualización frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales. Sin embargo, advirtieron que ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino que debe reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable.

En ese sentido, sostuvieron que la propuesta oficial —presentada como una “modernización”— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto de creciente incertidumbre laboral, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, remarcaron que se impulsa en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. “Lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”, afirmaron.

Los gobernadores aclararon que no se oponen a todo cambio, sino a “este paquete de medidas que nada tiene de moderno y que consolida la desprotección”. Recordaron que la Organización Internacional del Trabajo establece lineamientos claros sobre una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social, y señalaron que la iniciativa en debate avanza en sentido contrario.

También cuestionaron los argumentos oficiales que vinculan la reforma con la creación de empleo. Según indicaron, la evidencia histórica muestra que las experiencias de flexibilización laboral no generan más trabajo ni promueven la formalización, sino que facilitan despidos, reducen estándares de protección y trasladan riesgos hacia los trabajadores. En particular, expresaron preocupación por la legalización de mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.

Los mandatarios advirtieron además que se trata de una reforma “profundamente antifederal”, cuyos efectos impactarán de manera directa en las economías regionales y en las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. “En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, subrayaron.

En relación con la informalidad laboral —uno de los principales problemas del país— sostuvieron que no se resuelve recortando derechos, sino mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica orientada a la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad.

Asimismo, señalaron que desde la asunción del actual Gobierno nacional el plan económico provocó el cierre de 21.000 empresas y la pérdida de casi 300.000 puestos de trabajo, junto con niveles mínimos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa. En ese contexto, afirmaron que la creación de empleo requiere políticas federales de desarrollo e industrialización, especialmente en un escenario internacional crecientemente proteccionista.

Por todo lo expuesto, los gobernadores reiteraron su rechazo a la reforma laboral y a la orientación económica que la sustenta, y convocaron a todas las fuerzas políticas a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido en la Argentina a lo largo de décadas.

“La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo”, concluyeron.