El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos a todas las personas que ejerzan o pretendan acceder a cargos públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en organismos de control y municipios.

El instrumento legal, que será enviado a la Legislatura provincial para su correspondiente trámite, se sustenta en los principios de transparencia, idoneidad y ética pública. Según se indicó, la medida busca garantizar que quienes integran el Estado cuenten con plena aptitud física y psíquica para el ejercicio de sus funciones, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Durante la firma del DNU, el mandatario subrayó el carácter obligatorio de la norma: “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que no sea una invitación, sino una exigencia para todos. Desde el gobernador hacia abajo, quienes tengan responsabilidades públicas deben cumplir estos requisitos. Es un acto de transparencia ante la sociedad”, afirmó.

Sáenz destacó además que la iniciativa apunta a asegurar la “claridad de juicio” de los funcionarios al momento de tomar decisiones y sostuvo que se trata de una medida preventiva que fortalece la legitimidad institucional. “La sociedad demanda controles que garanticen que quienes ejercen cargos públicos lo hagan libres de adicciones que puedan afectar la objetividad y la independencia”, expresó.

En el mismo sentido, la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, señaló que el DNU representa “un paso fundamental en el camino de la transparencia de la función pública” y remarcó que el ejercicio de un cargo estatal requiere idoneidad, ética y responsabilidad social.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, valoró la decisión del Ejecutivo al considerar que permitirá agilizar la implementación de los controles y evitar un prolongado debate legislativo, garantizando que todos los funcionarios de los distintos poderes deban someterse a los análisis.

Legisladores presentes coincidieron en que la medida contribuirá a fortalecer la institucionalidad, transparentar la política y dar un mensaje claro a la sociedad frente al avance del consumo de sustancias y el narcotráfico, destacando el carácter ejemplificador del decreto.

Alcances y detalles del DNU

El decreto establece un régimen de control obligatorio para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos de control y municipios.

Cargos alcanzados: gobernador y vicegobernador, ministros, jueces de la Corte, magistrados del Ministerio Público, legisladores provinciales, intendentes, concejales y todo el personal que ingrese a dichos organismos.

Sustancias a detectar: el control incluirá metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos y otras sustancias psicoactivas prohibidas.

Procedimiento: los exámenes serán sorpresivos, mediante test rápidos homologados. Ante un resultado positivo, se realizará un análisis confirmatorio en laboratorios habilitados y designados por sorteo, garantizando la cadena de custodia y el derecho a contraprueba.

Consecuencias: en el caso de cargos electivos o magistrados con estabilidad, un resultado positivo dará lugar a los mecanismos de remoción previstos por la Constitución, como el juicio político o jurado de enjuiciamiento. Para funcionarios designados, el positivo constituirá causal de remoción.