Marcos Peña, sostuvo este miércoles que el proyecto de ley de presupuesto para 2019 que el Gobierno envió al Congreso expresa la clara decisión de darle prioridad a la inversión social, que "representa el 77 por ciento del gasto primario".

El Jefe de Gabinete se pronunció en esos términos al responder a preguntas de los legisladores durante el informe de gestión que brindó ante la Cámara de Diputados y allí afirmó que se trata de "algo necesario y valioso" para garantizar el cuidado de los sectores más vulnerables y señaló que la norma elaborada por el Ministerio de Hacienda "tiene coherencia" para avanzar "en el camino hacia el equilibrio fiscal que necesitamos como país".

Peña dijo que este presupuesto es un instrumento que "nos va permitir reducir nuestra vulnerabilidad frente al financiamiento externo, que reiteradamente en estos tres años se ha planteado como una preocupación".

En ese sentido destacó que "deberíamos estar todos de acuerdo en la búsqueda de un equilibrio fiscal porque genera una economía más estable y reduce los desequilibrios que recibimos en el 2015".

Además, subrayó que "el trabajo de consenso que se ha logrado con los gobernadores y que se materializa en una adenda al Pacto Fiscal fue un ejercicio muy positivo" y una actitud de "responsabilidad".

Sostuvo que con el nuevo cálculo de gastos del Estado "se va a lograr una trasferencia automática del 47 por ciento de la recaudación impositiva coparticipable mientras que en el 2015 era del 41 por ciento".

Dijo que de esta manera se están "consolidando tendencias que hacen que en este primer mandato de Cambiemos nosotros podamos terminar de completar las reformas estructurales" para que la economía pueda "crecer de manera sustentable".

Respecto del tratamiento del proyecto en las cámaras parlamentarias, Peña consideró que están dadas las condiciones para debatirlo "de manera civilizada". Afirmó que "nuestra bancada defenderá nuestra postura; también hará sus propuestas como lo harán las distintas bancadas".

"Pero cuanto más nos pongamos de acuerdo en lograr una estabilidad que nos permita un desarrollo de largo plazo, más vamos a poder mirar el futuro de una manera distinta todos los argentinos", remarcó.

Inseguridad

Además, destacó que el nuevo modelo de seguridad tiene como eje central a las víctimas de los delitos y a sus familias. "Estamos pasando de un modelo de seguridad donde el centro era el victimario a un modelo que tiene en el centro a las víctimas de los delitos y a sus familias en los barrios que sufren la inseguridad y el narcotráfico", afirmó el jefe de Gabinete.

Luego, que los cambios promovidos por el Gobierno nacional en materia de políticas de seguridad permitirán avanzar "hacia una sociedad más pacífica y devolverle autoridad al Estado".

Más tarde, Peña aclaró que: "En este este nuevo modelo lo más importante es cumplir y hacer cumplir la ley, tanto a los ciudadanos como al Estado". En tanto, señaló y subrayó que "unirnos en la igualdad ante la ley nos permite vivir en libertad, desarrollarnos y prosperar como sociedad".

Además se refirió a la decisión de dotar de herramientas adecuadas a las fuerzas federales "para que puedan hacer bien su trabajo" en aquello para lo cual han sido capacitadas, "la Gendarmería en las fronteras, la Prefectura en los ríos y las aguas continentales y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los aeropuertos".

"Nos propusimos darles un mandato claro sobre su función y devolverles las tareas para las que habían sido entrenadas", destacó.

Peña dijo que "queremos fuerzas de seguridad que estén sometidas y subordinadas no al poder político, sino a la ley, pero que también sean respaldadas en su accionar".

Señaló que "en lo que va del año incautamos casi 138.000 kilos de marihuana y más de 5.500 kilos de cocaína", cifras que están muy por encima de las registradas en años anteriores. Después dijo que la tasa de homicidios "bajó un 21 por ciento entre 2015 y el año pasado y este año sigue bajando". 

Recordó que al comienzo del actual Gobierno "éramos el cuarto país de América Latina con menos homicidios", mientras que "hoy somos el segundo, detrás de Chile". Apuntó que "la cantidad de secuestros bajó más de un tercio".

"Bajaron un 11 por ciento las denuncias de robos y se duplicó la cantidad de víctimas de la trata de personas rescatadas por las fuerzas federales", remarcó el Jefe de Gabinete.

En esta línea, habló sobre los lineamientos generales de las políticas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la Justicia que impulsa el Gobierno durante la introducción de su informe en la Cámara baja, antes de comenzar a responder las preguntas de los legisladores.

Cabe recordar que estuvo acompañado en el Congreso por el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; la secretaria de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Lucía Aboud, y los secretarios de Comunicación Pública, Jorge Grecco; de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez. También estuvieron los titulares del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y de la Unidad Plan Belgrano, Carlos Vignolo.

"Estamos orgullosos de la política de seguridad y derechos humanos que estamos llevando adelante. Estamos avanzando hacia una sociedad más pacífica y devolviéndole al Estado la autoridad sobre territorios que había perdido", dijo el Jefe de Gabinete y aseveró que el primer desafío de la lucha contra narcotráfico estuvo marcado por "dos objetivos urgentes: frenar la entrada de las bandas en nuestras fronteras y bajar la violencia en los barrios y recuperar la autoridad del Estado en estos territorios".

Destacó que en ambos frentes "estamos avanzando" a partir de "una mejor coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y los jueces federales y provinciales". Apuntó que también contribuyó a ello el hecho de que "recuperamos la autoestima, el control y la operatividad de las fuerzas federales".

Además, Peña remarcó que otro dato importante fue que "avanzamos juntos con el Congreso en nuevas leyes y reformas en el ámbito de la Justicia que nos permitieron agilizar la lucha contra el delito".

"Para esto fue clave el trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional con el Poder Judicial de la Nación y también con los gobernadores, las fuerzas de seguridad provinciales y las justicias provinciales", agregó y resaltó que "la lucha contra el narcotráfico se ha vuelto una verdadera política de Estado, con excelente coordinación".

Puso de relieve, asimismo, que se han logrado avances significativos gracias a la colaboración y la acción conjunta con agencias internacionales y gobiernos de otros países, lo cual fortaleció la cooperación "en materia de lavado de activos y prevención y lucha contra el narcotráfico".

Peña señaló que "conociendo mejor nuestros problemas podemos solucionarlos de manera más eficaz" y destacó en ese sentido que "el nuevo Sistema Nacional de Información de Estadística Criminal, implementado cuando llegamos al Gobierno, recibió hace unos días la mejor calificación posible por parte de Naciones Unidas".

"En tres años pasamos de un sistema de estadísticas desmantelado a ser líderes en América Latina", apuntó. Peña indicó que el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires fue otro hito importante de la política ejecutada por la actual administración.

"Es uno de esos cambios silenciosos que no llaman la atención, pero tienen un impacto profundo en el Estado y en la vida de las personas", afirmó.

Sostuvo que el traspaso hizo que la Capital Federal tenga "por primera vez en su historia una policía propia, enfocada en los problemas de sus vecinos y dirigida políticamente por su gobierno autónomo". "Pero, además, la Policía Federal pudo concentrarse en la que debe ser su tarea central, que es la coordinación del combate contra delitos complejos y federales, como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas", señaló. 

Agregó, además, que "la reforma nos permitió duplicar la presencia de agentes federales dedicados a investigar el narcotráfico en todo el país". "También multiplicamos el control sobre ellas. Hacemos operativos de control toxicológicos, operativos sorpresa, simulacros para ver cómo responden, y, además, controlamos las declaraciones juradas", indicó.

"Los casi 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad, desde cadetes hasta oficiales, hoy están obligados a presentar declaraciones juradas de su patrimonio. El 98 por ciento las presentó y los incumplidores fueron sancionados", afirmó. 

"Somos muy duros con aquellos que estaban fuera de la ley, pero acompañamos a quienes cumplen con su deber", aseveró. Los cambios y las reformas instrumentadas contribuyeron a que este año, según datos del Ministerio de Seguridad, "la operatividad de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico aumentó un 75 por ciento", dijo Peña.

Respecto del proceso de reformas del Poder Judicial y de leyes aprobadas por el Congreso destacó el valor de las iniciativas que ayudaron a "fortalecer las investigaciones de las fuerzas de seguridad, la infiltración de redes criminales y la persecución del crimen organizado". Citó, a modo de ejemplo, la ley del Arrepentido y la legislación que estableció nuevas técnicas de investigación penal para combatir el crimen organizado y que desarrolla las figuras del informante, el agente encubierto y el agente revelador. 

"Además, muy importante, fortalecimos el Programa de Protección de Testigos e Imputados, para que todos los testigos se vean incentivados a declarar y se sientan protegidos cuando lo hayan hecho", agregó. Dijo que "el promedio de casos iniciados de Protección de Testigos se cuadruplicó: pasó de 41 por año entre 2003 y 2016, a 153 por año entre 2016 y 2018".

"Actualmente hay 226 testigos protegidos, por delitos como narcotráfico, trata y violaciones a los derechos humanos", apuntó y sostuvo que "otra reforma importante, en la que también el Congreso ya tiene un rol central, es la del Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción en Senado, y que esperamos que pueda tener tratamiento aquí también".

Luego, precisó que "el centro del proyecto es pasar del modelo actual, en el que son los mismos jueces los que investigan y los que después deciden, al modelo “acusatorio”, que le da mucho más protagonismo a los fiscales para investigar y deja a los jueces la tarea de juzgar y definir las sentencias".

Además, dijo que "esto permitirá procesos penales efectivos, rápidos y transparentes que reconozcan los derechos de la víctima y la igualdad entre las partes y garanticen juicios orales inmediatos".

Mencionó como otro hito importante la ley de Flagrancia sancionada en diciembre de 2016.Peña incluyó también en su informe un capítulo dedicado a la tarea puesta en marcha para combatir la trata de personas.

Dijo que el año pasado "duplicamos a casi 1.500 personas la cantidad de víctimas rescatadas" de las redes de trata y afirmó que "vamos a profundizar y estructurar el trabajo a partir del Plan Nacional contra la Trata presentado este año". "La trata es un problema de enorme complejidad, que requiere de un plan para que la respuesta sea eficaz. Y para hacerlo tenemos que cooperar todos los poderes, las provincias y también la sociedad para poder lograrlo", añadió.

Peña sostuvo que "este Gobierno quiere una Argentina donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para elegir su propio proyecto de vida". "Y la igualdad incluye que las mujeres no se sientan amenazadas ni inseguras, ni en la calle, ni en el trabajo y ni en sus casas", sostuvo.

Afirmó que "en estos años trabajamos mucho en la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y en el apoyo a las víctimas y sus familias para que puedan salir de las situaciones de violencia".

El Jefe de Gabinete recordó que "creamos el Plan Nacional para Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que integra iniciativas para prevenir la violencia y asistir a las víctimas". "También impulsamos junto a este Congreso, la sanción de la Ley Brisa, aprobada por unanimidad, que esta misma semana fue reglamentada", agregó en referencia a la norma que otorga una reparación económica del Estado para las niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidios.