La Justicia Federal dio un revés al Gobierno nacional este martes al ordenar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, suspende los efectos del decreto presidencial que frenaba la actualización de los salarios docentes y las partidas para bienestar estudiantil.

Los puntos clave del fallo

La decisión del juez Martín Cormick surge tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los ejes principales de la resolución son:

Invalidez del Decreto 759/2025: El magistrado declaró inaplicable la norma que condicionaba la ley a que el Congreso definiera primero las fuentes de financiamiento.

Cumplimiento de los Artículos 5 y 6: El Estado debe girar de inmediato los fondos destinados a la recomposición salarial docente y la actualización automática de becas.

El juez subrayó que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, el Ejecutivo no puede suspender una ley mediante un decreto de jerarquía inferior.

Para el magistrado, la negativa del Gobierno a aplicar la ley constituye una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. Entre sus argumentos destacados, señaló:

Emergencia Salarial: El incumplimiento genera perjuicios graves en el poder adquisitivo de los trabajadores, afectando derechos laborales protegidos internacionalmente.

Impacto en la Educación: El deterioro de los ingresos no solo afecta a los empleados, sino que vulnera el derecho constitucional de "enseñar y aprender".

Cuestión Fiscal: Cormick desestimó el argumento del ahorro público, señalando que la incidencia del financiamiento universitario es de apenas el 0,23% del PBI.

La medida cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, obligando al Ministerio de Capital Humano a regularizar las remesas de fondos de forma excepcional y urgente.