En una entrevista en el Multimedio de la Universidad Nacional de La Rioja, Moyano, describió que "la provincia de Mendoza vive horas de tensión y movilización permanente, tras la reciente aprobación de esta ley que abre la puerta a la minería contaminante" y agregó que "evidentemente no representan al pueblo de Mendoza, sino a la minera. El agua es de los pueblos, de los barrios, de los niños, de las futuras generaciones, de los agricultores, no de las mineras".

La aprobación de esta normativa, bautizada por los ambientalistas como la "Ley santato", ha generado una fuerte reacción popular, por lo que la referente de Las Heras, dijo que "la intensa jornada de movilización culminó con enfrentamientos y represión. Previamente hemos estado en las calles defendiendo este bien tan preciado, este derecho humano de los seres vivos que es el agua".

Las asambleas y vecinos de toda la provincia se organizaron en la denominada "ruta libertadora del agua", con caravanas desde distintos puntos cardinales que confluyeron en el nudo vial de Mendoza. Tras marchar hacia la Plaza Independencia y conocerse la votación, la respuesta fue contundente: "Acá no se rinde nadie y como nos enseñaron nuestras madres y abuelas, nadie da un paso atrás", expresó Moyano.

La multitudinaria movilización recorrió las principales calles de Mendoza, llegando nuevamente al nudo vial, donde fueron interceptados por la infantería, a lo que la activista consideró como un intento de atemorizarlos. "Llegó la infantería con los robots, amedrentándonos y empezaron a sentirse tiros, no que hubiera habido un herido ni nada, pero sí para justamente generar miedo", remarcó Moyano, quien siguió relatando que "ante la represión, decidimos regresar al kilómetro cero, donde se realizó una asamblea y un ruidazo maravilloso con tambores y sicuris, culminando con otra marcha hasta los portones del Parque y la desconcentración en la Plaza de Independencia".

La referente ambientalista criticó la falta de diálogo por parte del gobierno provincial, que tiene la suma del poder público, controlando el ejecutivo, la legislatura y el poder judicial. "Salvo esa comisión de derecho y garantía de la legislatura, no ha habido ningún tipo de diálogo", señaló.

Las asambleas, por su parte, realizaron una intensa campaña frente a la legislatura, mostrando las caras de los diputados y senadores: una calavera para quienes votaron en contra del agua y una gotita para quienes la defendieron. "Todo el trabajo ha sido a espalda del pueblo, estos legisladores no representan al pueblo de Mendoza. Ellos representan a las mineras", subrayó.

La lucha continúa en las calles y en la justicia

A pesar de la aprobación en el senado y diputados, las organizaciones ambientalistas mantienen su postura de resistencia y estimaron que "la minera tardaría aproximadamente dos años en comenzar a operar concretamente, ya que tienen que empezar la etapa de la construcción y debe pedir los permisos que no han pedido" y ejemplificó que "el uso del arroyo El Tigre, del que se pretenden extraer 141 litros por segundo sin haber solicitado aún los permisos a Irrigación, bajo la soberbia y necedad de creer que nace y muere en su propiedad, a pesar de que el Código Civil establece que lo que aporta a una cuenca es de dominio público".

"Tenemos todo un tiempo ahora y vamos a continuar en la calle denunciando esta barbaridad, este atropello a la decisión de un pueblo entero", mencionó Moyano, quien sostuvo que "además de la movilización popular, las asambleas también vamos a recurrir a todas las herramientas jurídicas. La primera presentación fue un Habeas Corpus Colectivo que fue rechazado, pero ya se encuentran en la etapa de apelaciones, y planean llevar el caso a la corte provincial y sucesivamente a instancias superiores".

Moyano se mostró convencida que "esto no cierra sin represión. Han estado reprimiendo, presionando desde que inició este año 2025", pero aclaró que "la lucha por el agua, en Mendoza, está lejos de terminar".