En un posteo en sus redes sociales, el gobernador, Ricardo Quintela, manifestó que "la Justicia acaba de hacer lugar a una medida cautelar, ordenando a la Andis que se abstenga de dar de baja la pensión por invalidez de beneficiarios riojanos injustamente suspendida”, y advirtió que “continuaremos instando por todo el colectivo de la discapacidad, sea en el ámbito administrativo o judicial”.

Quintela criticó también los recortes que impulsa el Gobierno nacional al asegurar que “la crueldad del gobierno de Milei sigue prometiendo más ajuste; no tiene reparos en dañar o perjudicar a los más vulnerables”. En los últimos días, el presidente nacional vetó la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario, lo que se suma al veto previo de la ley de emergencia en discapacidad.

En ese marco, Quintela celebró la reacción de la ciudadanía frente a estas medidas y reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables: “Seguiremos resistiendo, seguiremos defendiendo a nuestra gente, por más solidaridad y esperanza en el camino de la recuperación del bienestar general del pueblo”.

La iniciativa de La Rioja se suma a acciones similares en otras provincias, tal el caso de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) también presentaron amparos para restituir las pensiones suspendidas en sus jurisdicciones, aunque sus reclamos aún no han sido resueltos. “Se solicita la intervención judicial para que se devuelvan los importes indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, comunicó Sáenz en X.

Estos fallos se suman a un antecedente reciente en Formosa, donde la Justicia obligó al Estado nacional a reponer pensiones suspendidas. Además, el Senado nacional mantuvo la ley de emergencia en Discapacidad tras voltear el veto presidencial, asegurando la actualización de aranceles para prestadores y fijando el valor de la pensión no contributiva por discapacidad en un 70% de la jubilación mínima.

El Gobierno nacional había argumentado que la norma podría comprometer la meta de déficit cero; sin embargo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida representaría solo un 0,26% del PBI en 2025 y un 0,46% en 2026.