El documento elaborado por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) describe un escenario extremo: más de medio millón de personas padecen “condiciones de inanición, miseria y muerte”.

La conclusión es categórica: Gaza entró formalmente en fase de hambruna, con una proyección aún más grave hacia septiembre, cuando se espera que 640.000 personas enfrenten una situación catastrófica y más de un millón vivan en niveles de emergencia alimentaria.

La respuesta del gobierno israelí buscó contrarrestar el impacto del informe. Netanyahu recordó que desde octubre de 2023 ingresaron a Gaza “dos millones de toneladas de ayuda humanitaria, el equivalente a una tonelada por persona”. Luego apuntó contra Hamás al acusar al grupo islamista de desviar recursos, saquear camiones con alimentos y medicinas, y utilizar parte de la ayuda para financiar operaciones militares.

En paralelo, Israel destacó los operativos alternativos de asistencia: lanzamientos aéreos, envíos marítimos, rutas seguras y puntos de distribución gestionados por empresas estadounidenses. Con esa narrativa, intentó despegarse de las acusaciones de bloquear intencionalmente los suministros para castigar a la población civil.

Por su parte, autoridades sanitarias de Gaza informaron que al menos 273 personas murieron por hambre y desnutrición desde el inicio de la guerra, entre ellas 112 niños. Un número que resume, en cifras mínimas, el costo humano de un territorio asfixiado por la violencia, el bloqueo y ahora, la hambruna.