En la resolución, se ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas BajoVigilancia Electrónica, de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, “la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Fernández de Kirchner” y se dejó sin efecto la citación para mañana que “fuera cursada a la condenada el pasado 10 de junio”.

También le impusieron a la ex mandataria reglas de conducta como “permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”, además de fijar que “por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción”.

Asimismo, “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Además, “en el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.

Se encomendó a su vez a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que “lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres (3) meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas”.

El TOF 2 notificó de la resolución al Ministerio Público Fiscal, a los defensores mediante cédulas electrónicas y a la ex presidenta a través de su asistencia técnica, además de hacerlo “en forma personal a través de la Comisaría de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con jurisdicción en el domicilio en cuestión”.

Los jueces hicieron referencia a que los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy habían solicitado la incorporación de la ex mandataria al “régimen de prisión domiciliaria”, en tanto citaron que el informe judicial sobre la propiedad concluyó que “la vivienda es apta para el cumplimiento de una eventual detención domiciliaria, sin observaciones negativas en cuanto al entorno, condiciones habitacionales ni aspectos personales o familiares”.

Los fiscales Diego S. Luciani y Sergio N. Mola, sin embargo, habían solicitado al tribunal, sin éxito, que se rechazara el pedido de prisión domiciliaria y la resolución está firmada por los jueces de cámara Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, además del secretario Tomás Santiago Cisneros y el juez federal Andrés Fabián Basso.

La ex presidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.