En el artículo 1° del decreto se precisa que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

Esta aceptación podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, “mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente”.

En el decreto también se establece que la Secretaría de Trabajo no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contradigan lo dispuesto en el artículo 1°.

Sturzenegger explicó que esta modificación “termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados”.

“Con este cambio le devolvemos a millones de empresas, consumidores y trabajadores, un dinero que se les había sacado compulsivamente”.