La interventora, Gabriela Brizuela, se refirió a la regularización de la situación legal y económica de la obra social, destacando la existencia de irregularidades significativas, como la carencia de digestos, resoluciones sin firma y resoluciones duplicadas.

Por su parte, el gerente general, Daniel Albornoz, se refirió a la deuda de la obra social con los prestadores y proveedores desde el año 2021, destacando la necesidad de abordar este tema de manera urgente. "Se encontró una deuda insólita de más de 5 millones de pesos en peluquería y estilistas", afirmó.

A su vez, el síndico Carlos Sant, presentó un informe sobre la situación económica y financiera al 20 de diciembre de 2024, destacando la variación de ingresos comparados con los aumentos de los valores de las prestaciones y medicamentos. "Es importante destacar que la obra social ha enfrentado desafíos económicos significativos en los últimos años", afirmó Sant.

Brizuela también mencionó que se han detectado sobreprecios en el pago de servicios de sepelio, llegando a ser hasta cuatro veces el monto de mercado. "Iniciaremos una auditoría completa y renegociaremos los contratos para asegurar que los costos sean justos y razonables", afirmó.

Asimismo, se refirió al conflicto legal con la obra social universitaria de Mendoza (DAMSU) y la negativa de pago de deuda que representa un riesgo significativo para la posición de OSUNLaR ante el Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales. "Estamos trabajando arduamente para resolver este conflicto de manera justa y efectiva para preservar nuestra integridad institucional", afirmó.

La interventora también destacó que en los últimos seis meses de 2024 se ha utilizado la mitad de las reservas en plazos fijos en dólares, lo que representa un grave riesgo financiero para la institución. "Estamos diseñando un plan estratégico para la recuperación y protección de nuestras reservas", afirmó.

Además, se refirió a la cobertura a 70 personas que ya no tenían relación de dependencia con la UNLaR y que tampoco eran adherentes, lo que es inaceptable y se procederá a revisar y corregir de inmediato. "Solo los afiliados debidamente registrados deben recibir los beneficios correspondientes", afirmó.

Brizuela también mencionó que se han encontrado empleados en relación de dependencia con la obra social que, desde hace dos años, venían desempeñando sus labores en el gremio ATUR, lo que será revisado para asegurar que los empleados estén cumpliendo sus funciones dentro de los términos y condiciones correspondientes a su contrato.

Finalmente, se refirió al financiamiento de hoteles a afiliados sin justificación médica y sin límites de tiempo de alojamiento, lo que ha generado deudas incobrables. "Tomaremos medidas estrictas para regular esta situación y evitar que se repitan en el futuro", afirmó.

En conclusión, las autoridades de la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja se comprometieron a tomar las medidas necesarias para corregir estas irregularidades y asegurar la transparencia, eficiencia y sostenibilidad de la misma.

Fuente: Prensa UNLaR.