Si bien el proyecto se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, la normativa pone en el centro de la discusión a los organizadores de eventos deportivos, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios. Se penalizará a aquellos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con antecedentes penales.

Lo que se buscará con esto es que las actividades como el transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos por “trapitos” en las inmediaciones de los estadios sean castigadas penalmente. Asimismo, apuntarán a cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas.

Por otra parte, los dirigentes deportivos que colaboren con las barrabravas, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes, también estarán bajo investigación. En caso de ser encontrados responsables, podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.

Otra de las medidas que buscarán implementar es la rigurosidad en las inhabilitaciones administrativas, donde las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios de personas que estén imputadas por delitos, aunque no haya una sentencia definitiva en su contra.

El objetivo central de la ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas operar con impunidad. Con este enfoque, el Gobierno busca erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios, consolidando una postura firme para recuperar la integridad del fútbol como espectáculo deportivo.