En el documento señalan, entre otras cosas, que “desde marzo de este año hemos reclamado insistentemente a las autoridades de la empresa las fallas de la operativa por la falta de personal, retiros voluntarios (despidos encubiertos), la falta de inversión, la reducción de horas extras en Aeroparque y el salvaje desfasaje salarial”.

Sostuvieron que, “a pesar de esto la empresa ha decidido despedir a 15 empleados de manera injusta, utilizando esta medida como represalia por ejercer sus derechos de protesta. Esta acción no solo es un ataque directo a los derechos Laborales, sino que también busca intimidar y silenciar a los trabajadores que luchan por condiciones justas y dignas”.

Indicaron que “la acusación de que cientos de pasajeros, incluidos niños, embarazadas, ancianos y personas con capacidades reducidas, no pudieron descender de los aviones por casi tres horas, poniendo en riesgo su salud, es una manipulación de la realidad”.

Apuntan que “la asamblea se llevó a cabo de manera pacífica y siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar la seguridad de todos los Involucrados, desde la colocación de las escaleras y mangas en las aeronaves hasta la coordinación del descenso de los pasajeros que fueron trasladados fuera del hall de Aeroparque”.

También se menciona en el comunicado que "hacemos responsable a la ministra Patricia Bullrich por la decisión que adoptó al autorizar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a realizar el trabajo de los operarios de Intercargo”.

Y enfatizan que “esta decisión vulnera los procedimientos de seguridad operacional que establecen las normas internacionales, dado que dicho personal policial no está habilitado ni capacitado ni conocen el funcionamiento de los equipos para llevar a cabo las funciones específicas necesarias”.

Remarcan que “es claro que la labor de las y los trabajadores de ITC representados por APA en la operatividad es un pilar central en la logística del transporte aéreo internacional. Su trabajo asegura la eficiencia operativa de los vuelos, incluyendo la asistencia en el embarque y desembarque de pasajeros”.

“El manejo de equipaje, el remolque de aeronaves, los servicios de limpieza y deshielo (especialmente en invierno), el suministro de energía eléctrica y agua potable a las aeronaves, y la carga y descarga de mercancías, incluyendo productos perecederos y/o peligrosos”, agregan.

Afirman que “esta actitud prepotente y provocadora por parte del gobierno deja en claro que ningún trabajador de Intercargo S.A se verá obligado a atender un vuelo con un personal policial (PSA) al lado. No somos delincuentes ni terroristas como pretenden presentarnos ante la sociedad, somos trabajadores en busca de mejorar las condiciones de trabajo y un salario justo que nos permita vivir con dignidad”.

“Por lo cual, no nos hacemos responsables de las contingencias que pudieran suceder debido a esta decisión. Esto es una operación mediática para quedarse con Intercargo, una empresa que no necesita el respaldo del Estado ya que es superavitaria, fue premiada internacionalmente por British Airways, en la calidad del servicio, factura en dólares y está siendo llevada al vaciamiento y destrucción para entregarla a los amigos”, añadieron.

Finalmente reiteran su compromiso “con la defensa de los derechos laborales y la unidad de la clase trabajadora seguiremos luchando con determinación y fortaleza, porque sabemos que nuestra causa es noble y justa”.