Arroyo, impulsó este martes la creación de una Asignación Universal por Discapacidad durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.

Al encabezar el encuentro en la camara baja, el ex ministro de Desarrollo Social advirtió que “El Gobierno está implementando políticas que implican un retroceso muy fuerte para los derechos de las personas con discapacidad y el presupuesto 2025 contempla un recorte de las pensiones no contributivas”, indicó. 

En la reunión informativa participó de forma virtual Amalia Gamio, del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, quien señaló que Argentina está “retrocediendo respecto de las recomendaciones que le hizo el Comité en marzo de 2023 al regresar el Consejo para la Discapacidad al Ministerio de Salud".

A continuación, disertó la Coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Belén Arcucci, quien estimó que “para 2025 los recursos asignados para las Pensiones no contributivas que administra ANDIS caen un 39 por ciento". 

"Se observa que se proyecta 1.034.447 pensiones, lo cual contrasta con el dato de las pensiones actuales que es 1.212.187”, agregó.

Por su parte, Livia Ritondo, directora General de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “la inclusión real de las personas con discapacidad requiere que se eliminen las barreras para que quienes tengan deficiencias físicas, mentales y sensoriales”, y de este modo, “puedan participar plena y efectivamente en la sociedad”.

Luego, Marcelo Greco, director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, sostuvo que “Argentina tiene una vacancia legislativa en esta materia”, al especificar que “los niños y niñas que están en situación de discapacidad tienen una doble vulnerabilidad”.

El padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pidió dar marcha atrás con el decreto 843/2024 que restringió el acceso a las pensiones y manifestó la necesidad de “una nueva ley que cambie el panorama: una solución de base, para poder mirar para adelante”.

En representación de APDH expuso Claudia Naom, quien planteó que “en el modelo social de la discapacidad es responsabilidad de la sociedad. eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan incluirse y ejercer su derecho a decidir su propio plan de vida". 

El psicólogo del equipo de Salud Mental del CELS, Joaquín Castro Valdez, afirmó: “Las personas con discapacidad tienen necesidades económicas diferentes y un costo de vida más alto que el promedio. El contexto económico actual los afecta también de manera diferencial”.