NACIONALES
25 de septiembre de 2024
El 2 de octubre marchan los universitarios de todo el pais
En una conferencia de prensa realizada en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores de las universidades nacionales, la Federación Universitaria Argentina y los gremios docente y nodocente, anunciaron la realización de una nueva marcha federal universitaria, convocada para el 2 de octubre.
El titular del CIN, Víctor Moriñigo, encabezó el anuncio ratificando “a la sociedad argentina y a la comunidad universitaria que el Consejo de Rectores adhiere a la marcha en defensa de la universidad pública que se realizará en la Plaza de los Dos Congresos. Convocamos a una marcha pacífica, federal y plural para que el gobierno entienda que desfinanciar a la universidad es una pérdida para toda la sociedad”, concluyó
"Esta marcha es fruto de un tortuoso 2024 en el que tuvimos un devenir muy complicado a la hora de gestionar las universidades. Va a ser a los fines de solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario. Ojalá que esto no suceda, pero si de aquí al 2 de octubre tenemos un veto, esta marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la ley", amplió el rector de la Universidad Nacional de San Luis.
Moriñigo describió a la actual situación que atraviesa la universidad como una "tormenta perfecta" al explicar que los trabajadores docentes y no docentes "tienen un retraso salarial de 50 puntos contra la inflación, y están un 20% por debajo del resto de los estatales". Además, dijo que es momento de acompañar a los estudiantes que están perdiendo días de clases y de reclamar por la "desinversión" en materia científico-tecnológica en organismos científicos y tecnológicos como el Conicet, INTI, INTA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que en muchas provincias tienen sus sedes dentro de las universidades nacionales.
La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención: el proyecto superó de manera holgada los dos tercios. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
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