El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita que asisten a poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. Según el Ministerio de Justicia, esas oficinas "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos.

"El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones. Éstos le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes", expresó en un comunicado la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona.

"Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función", concluye el texto.

Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos. Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada en la Secretaría de Justicia, comentó el viernes pasado que se encuentran "en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy".

Según dijo, el objetivo de la normativa es avanzar en un proceso "de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad".

La delegada de ATE señaló que en el área registran un total de 270 despidos desde el mes de diciembre. "Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más", añadió.

Desde ATE explicaron que los CAJ están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo, que se encargan de realizar un abordaje Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. Habitualmente, en cada caso que asisten hay uno o más derechos insatisfechos.

Actualmente, la cartera de Cuneo Libarona cuenta con 105 CAJ en todo el país. Están ubicados en todas las provincias, principalmente en barrios vulnerables, de alta densidad poblacional dado que tienen por objetivo garantizar el acceso al derecho. Sin embargo, una vez consumado el cierre de las 81 dependencias, quedarán apenas 24 a nivel nacional, es decir, una proporción de uno por provincia.