La Ley de Bases parece encaminarse a una sanción en el senado, pero para que eso ocurra el gobierno nacional debió ceder en más de 40 modificaciones que fueron motorizadas por los bloques dialoguistas nacionales y bloques pertenecientes a partidos provinciales. 

Estos serían los principales cambios que aceptó La Libertad Avanza: 

Ganancias

Se trata del capítulos que más cuestionamientos aglutinaba en términos de transversalidad partidaria. Sobre todo, la restitución de la cuarta categoría de Ganancias abroquelaba a las provincias de la Patagonia. En éste punto, el gobierno incrementó 22 % el mínimo no imponible para los habitantes sureños, pero la modificación no termina de convencer a senadores y gobernadores del centro de Argentina, que también cuentan con asalariados con altos ingresos. 

Blanqueo

En este tema, los dos cambios sustanciales que se sumaron al texto fueron la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen. A su vez, tampoco podrán hacerlo aquellos funcionarios públicos que ejercieron un cargo en los últimos 10 años. 

RIGI

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los ejes de discusión que atravesó cada sesión informativa que se desarrolló durante mayo. En ese punto, el Gobierno limó la redacción del artículo 163, que vulneraba algunos aspectos de las autonomías provinciales y agregó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Equipararon también a las industrias nacionales para ingresar a los beneficios fiscales y cambiarios. 

Regalías mineras

Se trata de una de las concesiones de último momento que realizó el oficialismo, a pedido del senador José María Carambia (Santa Cruz). El representante sureño se llevó una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento y "las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento sobre el valor 'boca mina' del mineral extraído", indicaría el texto acordado. 

Facultades delegadas

Aquí, el Ejecutivo concedió modificaciones en la amplia redacción del artículo 3 e incluyó a 15 organismos e instituciones públicas que el Gobierno no podrá intervenir para su eventual disolución y entre ellas, se encuentran algunas que pidieron los radicales como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros. 

Por pedido de la UCR se añadió un párrafo para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.