La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 192/2024, se justificó debido que aquella decisión adoptada durante la pandemia "afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas".

En los considerandos, el Ejecutivo advierte que "ningún Gobierno Nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas".

En ese marco, añade que "entre otras medidas y con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los diez puntos de su déficit".

"En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país", remarca luego.

Asimismo, el decreto afirma que "la situación fiscal de las provincias y de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional".

"En tal sentido, el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020", concluye la normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Semanas atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al ministro Caputo por el retraso en el envío de fondos a la provincia que superan los 15.000 millones de pesos y solicitó rediscutir una nueva ley de coparticipación, al sostener que "la provincia es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de recursos".