Un grupo de diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito que fue sancionada en diciembre del 2020. El expediente retrocede en derechos reproductivos y criminaliza a las mujeres y a las personas gestanes.

El proyecto fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocío Belén Bonacci para pedir la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

En el articulado, se establecen penas de entre "3 a 10 años de prisión al que causare un aborto sin consentimiento de la mujer" y de entre "1 a 4 años al que lo efectuare con el consentimiento de la mujer". En este último punto, si el aborto consumado resulta en el fallecimiento de la mujer, la pena se eleva a 6 (seis) como máximo. En ningún párrafo del texto se menciona la figura de "persona gestante".

Además, en el articulado se establece que el personal médico que interviniese en la instrumentación de un aborto, también serían plausibles de sufrir condenadas e inhabilitaciones para ejercer la medicina. Sin embargo, se menciona que "el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios".

Ante la noticia de esta avanzada por parte del Ejecutivo, voces de dirigentes políticos y de la sociedad civil se mostraron en alerta. Esteban Paulon, diputado del Partido Socialista por la provincia de Santa Fe, afirmó: "No vamos a permitir ni un paso atrás en materia de derechos humanos! #AbortoLegal se defiende!"

La campaña Por el Aborto Legal se expresó en redes sociales condenando la iniciativa oficial y puntualizando que el mencionado proyecto de ley "no sólo propone derogar la ley de IVE sino que busca que sea más restrictivo que el código penal de 1921 ya que quita la violación como causal de aborto no punible".