En base a información del Banco Central, el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, notificó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, respecto de que en caso de continuar con su idea de implementar el Bocade, habrá revisión de las transferencias a las provincia y posible sanciones, entendiendo que su aplicación sería ilegal. Ante esto, el primer mandatario le respondió –entre otras cosas- que está facultado para implementar las medidas necesarias a fin de preservar la integridad del pueblo riojano.

Francos se había referido a la sanción y promulgación de la Ley N° 10.703 expresando que el Ministerio del Interior extremará “…los recaudos en oportunidad de evaluar la viabilidad de efectuar transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional con destino a la Provincia de La Rioja que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática. Asimismo, se limitará el otorgamiento de avales a las solicitudes de endeudamiento que pudiera formular la Provincia de La Rioja, en el marco de la intervención que le compete a esta jurisdicción por el art. 25 Ley N° 25.917”.

En ese contexto, Quintela le respondió en primer término que rechaza “en todos sus términos la misma, por su manifiesto desconocimiento de la institucionalidad jurídica, de las relaciones entre la provincia y el Estado Nacional y del Régimen de Responsabilidad Fiscal”. 

Asimismo, el riojano le recordó al ministro Francos la deuda que Nación mantiene con la provincia, por  9.300.000.000 de pesos y que ante esto “la Provincia intimó formalmente al Estado Nacional, al cumplimiento de su obligación conservando hasta la actualidad una persistente actitud evasiva, y una manifiesta intencionalidad de excusarse con dicha obligación, a través de declaraciones públicas del Presidente de la Nación y de los funcionarios ministeriales que bajo la expresión ‘no hay plata’ mantienen el incumplimiento de la Ley N° 27.701”.

En referencia a lo expuesto por Francos de impedir la emisión y utilización de los bonos previstos en la Ley N° 10.703 de la Provincia de La Rioja, el primer mandatario riojano consideró que “es una extralimitación de las atribuciones reguladas conforme a la Ley N° 22.520 art. 17 y una violación expresa del Art. 121 y 122 de la Constitución Nacional”, destacando que la autonomía “es una atribución del Estado Provincial, garantizada por la Constitución Nacional en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero”. 

El primer mandatario riojano expresó asimismo que la nota representa “una nueva amenaza hacia mi persona ergo al pueblo de la provincia de La Rioja, la que de manera infundada pretende socavar una facultad legal y legítimamente ordenada por los poder constituidos en la provincia” e hizo hincapié en que “La Rioja no incumple con el Régimen de Responsabilidad Fiscal, como tampoco viola la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina”. 

Quintela puso de manifiesta que su responsabilidad “es velar por la integridad de mi pueblo” y que la sanción de la Ley de Emergencia Social, Alimentaria, Sanitaria, Económicofinanciera, Laboral, Productiva, Hídrica, Administrativa, Habitacional, de Seguridad y de Servicios Públicos faculta a la Función Ejecutiva a instrumentar todas las herramientas necesarias para preservarla. 

Finalmente, que deja de manifiesto “su expresa reserva legal, para los hipotéticos casos de sanciones que el Ministerio del Interior pretenda ejecutar contra la provincia” aunque  nuevamente “insto al diálogo y al cumplimiento de las obligaciones asumidas en la Ley N° 27.701 con los fondos adeudados a mi provincia”.