Según se indicó, luego de haberlos hecho comparecer conforme a lo ordenado por el juzgado de instrucción actuante, y cumplido los trámites de rigor, se avanzará con la investigación a cargo de la jueza que entiende en la causa. 

En el dictamen se destaca que las medidas tomadas por el Ministerio Público Fiscal, y el Juzgado Penal, se realizaron “sin desconocer el derecho constitucional de las personas a manifestarse y expresarse libremente, no obstante cuando esa actividad pueda afectar, como en el caso de bienes públicos, la salud pública o cualquier otro derecho de la sociedad en general, la protección de estos últimos bienes jurídicos adquiere preponderancia, por lo que es necesario conciliar uno con el otro tomando las medidas para reducir la afectación del que involucra a toda la sociedad en su conjunto”. 

En ese sentido, también se indicó que el propio gobernador, Ricardo Quintela, habría solicitado al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, se arbitren los medios necesarios para que la investigación se lleve adelante sin personas demoradas y/o detenidas y esperar el resultado de la misma.