El organismo puso como ejemplo la situación de las personas adultas mayores, quienes, "con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema".

"Es en ese estadio de la vida cuando más atención requieren del mismo pues, por lo general, todos requerimos ese auxilio en el nacimiento/niñez y en la última etapa de la vida; o sea, durante la mayor parte de la vida el sistema es poco requerido y consecuentemente no le ocasiona gastos al prestador, tan solo los administrativos para percibir la mensualidad que debe hacerse indefectiblemente", subrayó la Defensoría.

Advirtió además que "si cuando generalmente se requieren los servicios médicos en esa adultez se aumenta el valor de la cuota por la sola voluntad unilateral del prestador y ante un público cautivo o por ingresar el usuario en aquella franja etaria, cabe concluir que los anteriores pagos sin requerir servicio alguno o mínimos -efectuados además sobre el mayor período de su vida- serían pagos sin causa".

Las principales empresas del sector anunciaron aumentos muy elevados y coordinados aumentos en enero y febrero y algunos de sus directivos llegaron a admitir que están dispuestos a perder afiliados en caso de que no puedan las cuotas. Lo hicieron a pesar de las múltiples quejas de sus afiliados por las demoras en las concesiones de los turnos para atender diferentes problemas de salud y de las públicas demandas de los profesionales de la medicina por los bajos honorarios que perciben por sus prestaciones.

Frente a esta situación, la dependencia nacional planteó la posibilidad de instrumentar "una posible solución con el solo fin de evitar perjuicios a la población que fuere afectada o pudiera serlo en lo sucesivo".

El organismo recordó los "numerosos pronunciamientos de la Justicia Federal, de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de esta institución nacional de Derechos Humanos donde se ha dicho que los incrementos de cuota en razón de la edad son arbitrarios y que, en razón de ello, debían dejarse sin efecto con reintegro a los usuarios de los importes abonados".

Por último, y "para evitar estos perjuicios", la Defensoría esbozó "una suerte de compatibilización entre las necesidades de la población afectada y cautiva, y la autonomía de la voluntad para contratar".

Sugirió "mantener el régimen vigente -antes de los últimos aumentos aplicados por las empresas- con aprobación de la SSS para los sectores ya inscriptos en el subsistema o el de los adultos mayores; y el de la plena libertad de contratación para los nuevos afiliados quienes tendrán más libertad para aceptar, rechazar o requerir modificaciones al contrato".

"Sólo en este supuesto podrá haber competencia ya que los adultos mayores se encuentran en una situación de total indefensión ante los requerimientos del prestador por tratarse de un público cautivo desde que ninguna otra prestadora los absorbe como ha acontecido hasta la actualidad", consideró la Defensoría.