El proyecto para reformar la Ley de Defensa a la Competencia, aprobado por el Senado, busca sancionar a los responsables de la monopolización de precios y dar amparo a quienes los denuncien. Además, prohíbe "todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado" y contempla sanciones a quienes los realicen. 

La senadora Inés Brizuela y Doria, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, cumplió el rol de miembro informante del proyecto, a lo largo de su alocución, afirmó que uno de los principales fines de la normativa es “evitar la cartelización, la concentración de mercados y la creación de los monopolios”, ya que esas corporaciones económicas son las que mantienen la posición dominante a la horade fijar precios.

Asimismo, argumentó que: “Las grandes empresas utilizan mecanismos que excluyen del mercado a los más pequeños. Cuando eso sucede se reduce la competencia, los precios suben, la calidad de los bienes y servicios bajan y los consumidores tienen limitadas las posibilidades de elegir”. Razones por las cual, consideró necesaria la implementación efectiva de una Ley de Defensa a la Competencia “para equilibrar el juego y la interacción entre los grandes capitales concentrados, las pequeñas y medianas empresas y en definitiva para establecer reglas claras en la economía y resguardar los derechos de los consumidores".

Finalmente, Brizuela y Doria aseveró que “esta ley es una necesidad de la sociedad argentina,  que durante años viene sufriendo los avatares de una economía sin reglas claras, con ejercicio discrecional del poder de contralor, y sin herramientas que nos protejan a los ciudadanos de los monopolios y los carteles”.