Con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, el próximo 8 de mayo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, expresó que la lucha contra la violencia institucional tiene que ser una política de Estado, gobierne quien gobierne y homogénea en todas las provincias del país.

“Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, hay una responsabilidad internacional del Estado argentino que no puede ingresar en el terreno de las diferencias ideológicas. El respeto a los derechos humanos debería estar por fuera de las diferencias partidarias”, remarcó.
 
En ese sentido, Pietragalla instó a los diputados y diputadas a que traten el proyecto de ley integral contra la violencia institucional que viene impulsando la secretaría a su cargo, con el fin de fijar pautas mínimas en todas las provincias sobre recepción de denuncias, reparación a las víctimas, pautas procesales, protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, entre otros temas.
 
En cuanto al trabajo específico que viene realizando la secretaría de Derechos Humanos en violencia institucional, el funcionario destacó la puesta en funcionamiento del Centro de Denuncias de Violencia Institucional que ya lleva gestionados 3.400 casos desde la asunción del actual gobierno. Cada “caso” implica un contacto directo con las víctimas o sus familiares, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, denuncia judicial cuando corresponde, y la comunicación con las autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada. “Para nosotros los casos no son números, sino que son personas que requieren la atención personalizada del Estado, acompañamiento, y la secretaría está presente activamente con cada una de ellas”, expresó.
 
Además, en otra de las políticas públicas que viene desarrollando la secretaría, ya se llevan colocados 32 carteles de señalización de hechos graves de violencia institucional en distintos puntos del país. Se trata de carteles que se instalan en el lugar donde sucedieron los hechos, que tienen la foto de las víctimas y una reseña de los casos. “Las señalizaciones son una reparación a las víctimas, pero también es una señal política del Estado de que no es impune matar una persona con un uniforme o un arma oficial. Que el Estado repudia y condena esos hechos”, destacó el secretario.

Por otro lado, Pietragalla destaca que la secretaría de Derechos Humanos comenzó a presentarse como querellante en algunas causas graves de violencia institucional que marcan precedentes que sirvan de ejemplo y evitar que los casos se repitan. En ese marco, recientemente se logró una condena histórica a un policía que había abusado sexualmente a una mujer durante un allanamiento en su propia casa. El 14 de agosto, por su parte, comenzará el juicio oral por el homicidio de Rafael Nahuel, en el cual la Secretaría de Derechos Humanos también participa como querellante.

“Más allá de los juicios en los que somos querellantes, intentamos estar presentes en todos los juicios de violencia institucional bajo la figura de amicus curiae y observadores. La secretaría al ser la cara del Estado ante los organismos internacionales de derechos humanos, tiene mucho para aportar en la mirada y los antecedentes internacionales sobre cómo deben juzgarse e investigarse los casos de posibles violaciones de derechos humanos”, explicó Pietragalla.

Otro de los ejes de las acciones para abordar esta problemática está puesto en el desarrollo de actividades de formación destinadas a prevenir la violencia institucional, fomentando en los y las agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad y personal penitenciario el debido respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

Para ello, la Secretaría ha desarrollado una oferta de capacitación virtual y presencial en la materia, diferenciada por oficiales, suboficiales, altos mandos e instructores/as de las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Desde el comienzo de la gestión se han realizado distintos cursos de capacitaciones a las fuerzas en las provincias de Buenos Aires, San Juan, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.