La ley que rige estos aumentos dispone que son montos fijos se actualicen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC.

En los considerandos de la medida el decreto señala que “debe tenerse en cuenta que tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.

La aplicación de este impuesto es pagado por el consumidor y no afecta las empresas pero impacta directamente en los costos de movilidad y logística, efecto que el Gobierno busca evitar en medio de la escalada inflacionaria.