Según la información brindada desde el mismo organismo nacional los hechos, que desencadenaron la detención de los empleados de ANSES, tuvieron lugar en la delegación de Santiago del Estero y en la oficina de La Banda. Los casos fueron detectados y denunciados por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios del organismo previsional.

Gracias a un trabajo conjunto entre la fiscalía penal comandada por Julio Carmelo Vidal y la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de la ANSES, a cargo de Andrés María Gutierrez, se logró ordenar la detención de cuatro empleados del organismo previsional: tres se hicieron efectivas y una se encuentra en calidad de prófugo. Se los imputa por hechos de fraude vinculados al otorgamiento indebido de pensiones derivadas en la delegación de Santiago del Estero y en la oficina de La Banda.

Se trata de 26 casos de estafa detectados, de los cuales 23 poseen beneficio, dos se encontraban en curso de pago y uno fue denegado, se gestionaron entre los años 2013 y 2014 y significan para el Estado un perjuicio de $15.523.181,31. Asimismo, se continúa trabajando, ya que el universo de casos puede ser mayúsculo. Se estiman entre 100 y 500, aproximadamente.

Al momento, se encuentran detenidos por estas causas Graciela Saad, Marcos Chazarreta y César Cortés, todos empleados de la oficina de la ANSES de Santiago del Estero; el prófugo es Luis Manuel Paz, quien se desempeñaba como coordinador del Área de Gestión de esa delegación.

A partir de las irregularidades detectadas por la actual Gerente de la oficina Santiago del Estero, Natalia Neme, la ANSES presentó la querella criminal. 

El pasado 20 de febrero, Neme solicitó mediante nota formal a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de esa provincia que se constate fehacientemente la existencia y la remisión de las copias de 28 Actas de Matrimonio legalizadas y/o actualizadas y vinculadas con los trámites irregulares detectados.

Allí se comprobó que la mayoría de las actas en cuestión eran falsas o apócrifas, ya sea por no encontrarse inscriptas en los libros correspondientes de cada una de las oficinas que las habrían extendido, por carecer de sello y firma de legalización de autoridad competente e incluso por no existir anotación marginal de supuestos divorcio vincular.

La tramitación fraudulenta premeditada y deliberada por parte de los presuntos titulares en cuestión contó con la colaboración indispensable y necesaria de distintos agentes del organismo. Así fue que resolvieron el otorgamiento indebido de turnos, crearon falsos domicilios de residencia y cargas de datos, dieron comienzo a formularios de inicio de trámite carentes de firma y hasta de documentación indudablemente apócrifa o falsa en certificados de matrimonio, entre otros delitos detectados.