Además, el acceso a internet de calidad se concentra en las grandes ciudades del país. De hecho, el acceso a internet por fibra óptica en Perú no está disponible en muchas zonas del país, lo que supone un grave problema porque, según las Naciones Unidas, el internet se considera un derecho universal al que todo el mundo debería tener acceso de forma económica e igualitaria.

En este contexto, y con el fin de hacer frente a este grave problema, el gobierno de este país ha aprobado la Ley 31207, cuyo objetivo es animar a todas las empresas de telecomunicaciones que operan en el país a prestar servicios de Internet de calidad a todos los peruanos, independientemente de la región en la que se encuentren.

Esta ley obliga a todos los operadores a proporcionar a los usuarios el 70% de la velocidad mínima garantizada por contrato. Sin embargo, ¿es realmente beneficiosa esta ley? ¿Cómo funciona? Sigue leyendo, porque en este artículo te explicaremos todos los detalles.

¿De qué trata la ley de la velocidad de internet mínima garantizada en Perú?

Según la ley 31207, todos los operadores de telecomunicaciones que operan en Perú están obligados a garantizar a los consumidores el 70% de la velocidad mínima especificada en el contrato. Esta ley se aplica a todos los tipos de planes de tarifas de Internet. La garantía de velocidad mínima también debe respetarse independientemente del tipo de tecnología utilizada por el operador para prestar el servicio de Internet. Esto significa que, independientemente de que la red de Internet sea por satélite, cable o inalámbrica, debe cumplirse el requisito de velocidad mínima del 70%.

Sin embargo, algunas de las principales empresas de telecomunicaciones planearon cubrir zonas con escasa cobertura de señal, lo que ha sido criticado. Las zonas a las que sólo llega internet por satélite no están cubiertas por líneas de fibra óptica, por lo que es difícil garantizar las velocidades exigidas por esta legislación. En este contexto, los expertos en telecomunicaciones subrayan la necesidad de modificar la ley para tener en cuenta las diferencias entre las distintas tecnologías de acceso a Internet.

Además, los requisitos de la Ley 31207 pueden obstaculizar el objetivo del Gobierno de reducir la brecha digital, ya que los operadores de telecomunicaciones son reacios a mejorar sus servicios en zonas remotas, que requieren infraestructuras más grandes y costosas.

Sin embargo, la ley es beneficiosa para los consumidores, ya que garantiza el cumplimiento de las normas de calidad y velocidad para todos los tipos de tarifas de internet. Esto debería reducir las numerosas quejas y reclamaciones recibidas de los clientes de diversas empresas que operan en el país.

¿Beneficia a los clientes la ley de velocidad mínima de internet?

La ley beneficia a los consumidores al obligar a las empresas de telecomunicaciones a ofrecerles un servicio de internet que cumpla unas normas mínimas de calidad para toda la población, independientemente de su ubicación geográfica.

Otra ventaja es que permite a los clientes controlar y comprobar que se cumplen los parámetros de velocidad que se les ofrecieron al firmar el contrato.

¿Qué empresas de telecomunicaciones cumplen ya con la ley de velocidad mínima garantizada en Perú?

Según Selectra, WIN Internet es la única empresa que cumple la garantía de velocidad mínima exigida por la ley para todos sus clientes. También ofrece un servicio de internet por fibra óptica con velocidades de hasta 500 Mbps a condominios y casas en Perú.

Además, este operador está haciendo muchos esfuerzos por ampliar su cobertura, incluso en zonas remotas de Perú. Esta compañía destaca y gana cada vez más cuota de mercado en el país por ser la única que ha sido capaz de garantizar una buena velocidad en todas sus contratos de servicio de internet.

Hasta ahora, los demás operadores sólo podían garantizar a sus clientes el 50% de la velocidad mínima contractual. Esto les sitúa en una seria desventaja competitiva. De hecho, Movistar ha perdido un número importante de clientes este año por este motivo. Hay que recordar que los requisitos se fueron incrementando paulatinamente, hasta que en 2021 sólo se iba a garantizar a los consumidores el 50% de la velocidad mínima contratada.